Dentro del programa de reformas de las finanzas vaticanas iniciado en el pontificado de Benedicto XVI, el Papa Francisco ha promulgado unas nuevas normas para favorecer la transparencia en las compras y contratos de la Santa Sede. La conveniencia de la medida resulta clara, a la vista del caso sobre la inversión inmobiliaria en Londres por parte de la Secretaría de Estado, del que acaba de producirse un nuevo episodio, con la detención y posterior puesta en libertad provisional de un sospechoso.
El pasado 1 junio se publicó un motu proprio del Papa Francisco sobre la “transparencia, el control y la competencia en los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano”, que entrará en vigor el 1 de julio. En este documento, el Papa hace referencia a “la posibilidad de obtener considerables ahorros” en la “gestión de los bienes públicos”. La disciplina se aplicará a la Curia Romana, y a otras entidades de la Santa Sede o que de ella dependen, y al Estado Vaticano, mencionando las “diferencias necesarias” entre uno y otro ámbito.
El Papa busca “una mejor gestión de los recursos que la Santa Sede administra”. Con ese fin promueve más competencia leal entre los operadores económicos, que tendrán así mayor igualdad de trato en la licitación y canales procesales adecuados para defender sus posiciones.
Para prevenir la corrupción
El documento añade que estas medidas suponen “un obstáculo para los acuerdos restrictivos” y permitirán “reducir considerablemente el peligro de corrupción de los que están llamados a gobernar y administrar los órganos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano”.
En el caso del inmueble de Londres adquirido por la Secretaría de Estado, el Vaticano acusa a un bróker de malversación y blanqueo de dinero
Precisamente, pocos días después de la publicación de este documento papal, el 5 de junio, la Oficina de prensa de la Santa Sede anunciaba la emanación de una orden de captura del bróker Gianluigi Torzi, que había participado en la compra de un inmueble en Londres como inversión de varios centenares de millones de euros (entre 200 y 350) por parte de la Secretaría de Estado vaticana. El arresto duró diez días. El 15 de junio, el fiscal del tribunal vaticano dejó en libertad provisional al arrestado que, por medio de sus abogados, había presentado un informe documentado sobre su comportamiento en el caso, estimado útil para la reconstrucción de lo acaecido.
El caso se remonta a 2014, cuando se presentó a los oficiales de la Secretaría de Estado que gestionaban la administración de los bienes que la misma Secretaría maneja directamente, la posibilidad de invertir unos 200 millones de euros en la compra de buena parte de un edificio situado en 60 Sloane Avenue, en el barrio londinense de Chelsea. La inversión fue propuesta por un inversor italiano que colaboraba con la Secretaría de Estado y llevada a término por una sociedad creada al efecto para gestionar el inmueble y transmitir las ganancias a la Santa Sede.
Con el paso de los meses, el inmueble fue perdiendo valor (llegó a estar tasado en 135 millones de euros, 65 millones menos de lo que había costado). Para poder influir más en las decisiones de los administradores, la Santa Sede decide comprar lo que queda del edificio. El bróker es Torzi, que se queda con un cierto número de acciones (unas mil, al parecer) de la propiedad como comisión por su intermediación en el negocio.
Cuando la Secretaría de Estado, en 2018, quiere cambiar las decisiones administrativas sobre el inmueble, descubre que no posee acciones con derecho de voto en la administración. El bróker pide más dinero para resolver la situación y en 2019 el Revisor General del Vaticano y la Agencia para la Información Financiera denuncian el caso a las autoridades judiciales. En verano de 2019 varios oficiales de la Secretaría de Estado dejan sus posiciones. Siguiendo sus investigaciones, el fiscal vaticano acusa a Gianluigi Torzi de extorsión, malversación de fondos, fraude y blanqueo de dinero.
Un caso de poca transparencia
El caso del inmueble londinense está relacionado con las nuevas normas promulgadas por el Papa, no solo porque la inversión no parece muy trasparente, en el sentido de que no es fácil saber si, dentro de la Secretaría de Estado, se siguieron los procedimientos establecidos porque no eran públicos, sino también porque parece que la asignación al imputado de su papel como intermediario financiero se basó exclusivamente en indicaciones de personas “conocidas”, que quizá buscaban algo distinto de “ayudar” a gestionar bien el patrimonio.
El Papa está promulgando reglas ciertas que deben seguirse en la gestión de los bienes destinados al gobierno universal de la Iglesia, de los que se requieren para el gobierno del pequeño Estado Vaticano y de los de algunos otros entes que dependen de uno u otro. Reglas que buscan aclarar la actuación de dichos entes en la adjudicación de contratos públicos, para facilitar la competencia y el control de los procedimientos que ponen en marcha en la contratación. Y de este modo se encaminan a ofrecer una visión más transparente de la gestión.
Ciertamente, las normas por sí mismas no garantizan casi nada, pero ofrecen instrumentos procesales para subsanar eventuales injusticias en esta materia. Además, la publicidad de los procedimientos de contratación ayuda también a los administradores a saber cómo comportarse cuando han de afrontar cuestiones difíciles. Y proporcionan una respuesta válida para quien pretenda “saltarse” los procedimientos establecidos. Como escribe el Papa en el motu proprio, las normas promulgadas permiten una “mejor gestión de los recursos que la Santa Sede administra”.
Jesús Miñambres
Profesor de Derecho Patrimonial Canónico
Pontificia Università della Santa Croce (Roma)